Estrategias Inmanentes

Encontrar un encaje en el orden jurídico para describir lo que acontece en La Casa Invisible es una paradoja. Evidentemente a la hora de afrontar este texto no puedo comprender todas las visiones subjetivas del proyecto, muchas y muy variadas son las perspectivas que cada uno de nosotros utilizamos para comprender el fenómeno, por lo tanto esta reflexión está desde su inicio castrada por su imperfección unidimensional.

Dicho esto considero oportuno advertir unos rasgos fundamentales para el debate en el que la Administración municipal nos ha introducido sin una finalidad clara. La interpretación más bondadosa de la estrategia institucional pasa por contar con una entidad con personalidad jurídica propia que articule el proyecto para introducirlo en el enquistado sistema burocrático de relaciones público-privadas y derivarlo hacia soluciones estereotipadas (v.gr. convocatorias públicas de subvenciones, cesión de uso locales públicos,…), haciendo verosimil el contenido de la pintada “Si eres joven y rebelde, el Ayuntamiento te comprende”.

A nadie se le escapa que La Casa Invisible es algo más que un bien inmueble integrante del patrimonio municipal, y ese algo más trasciende del límite espacial en el que acontece la gestión directa del espacio público por ciudadanos libres.

Si la iniciativa que dio origen a La Casa Invisible partió, entre otras razones, del rechazo al modo institucional de monopolizar el patrimonio común, entiendo que nuestros postulados no pueden desembocar en tesis excluyentes, sin cuestionar por supuesto los medios organizativos de los que nos hemos ido dotando durante este dilatado año que, en fin, han permitido llenar de contenido permanente el proyecto inicial.

La confluencia continuada de colectivos, entidades y personas en La Casa Invisible ha requerido un esfuerzo permanente en la búsqueda de nociones comunes que atendieran lo eminentemente básico en la construcción de un espacio de gestión compartida, y a nadie se le escapan las debilidades que ha procurado esta apuesta.

La invisibilidad, el anonimato, la clandestinidad encierra en sí una denuncia al ejercicio exclusivo de los poderes públicos en la definición del hecho cultural en una comunidad de siervos, también describe con acierto una realidad social desenfocada y, por ende, excluida del reparto, y arremete con fuerza contra la política de lo posible y lo económicamente viable.

Aceptar la invitación municipal para que nos definamos jurídicamente requiere o bien de un enfoque cínico, en el más clásico sentido del término, que más adelante expondré, o bien aprovechar este momento para elevar el tono del discurso hasta esbozar un “Contradiscurso de la servidumbre voluntaria”.

El esfuerzo que precisan ambas vías es de dispar intensidad, convertir los modelos organizativos de participación ciudadana derivados de la Constitución en modelos de juego es una primera vía no desdeñable, y la segunda opción significa a mi juicio dar un paso más en la configuración de un escenario político-social neófito para nuestra ciudad.

Con esta finalidad última tendríamos que poner sobre el tapete una iniciativa que lleve al límite de lo imposible principios básicos y fundamentales del constituido Estado social y democrático de Derecho.

Adelantar que ambas opciones pueden conjugarse sin perder cada una su sentido propio, así cuestionar los modelos organizativos institucionalizantes desde el cinismo opera plenamente con el rechazo a dichos modelos instituyéndonos con autonomía.

¿Qué estamos definiendo en realidad? No se trata de sobrecodificar el continente La Casa Invisible, esto es, el inmueble, sino de interpretar su contenido y agenciarlo. En este empeño es cuando surge en varias reuniones de la comisión negociadora y en numerosas conversaciones la idea del procomún.

El bien inmueble de calle Nosquera 9 y 11 de la ciudad de Málaga forma parte de su patrimonio histórico y su adscripción a un servicio público determinará su carácter de dominio público, por este camino nos encontramos con el ejercicio exclusivo de la Administración titular del bien en la concreción de su destino, y poco se puede andar por esta senda salvo la acción pública prevista legalmente ante la falta de diligencia institucional en su conservación. El límite de este planteamiento concluye con el desalojo o con la institucionalización del proyecto (siendo benévolos al valorar la intención política del partido en el poder).

Hay que recurrir a otro tipo de razonamientos por tanto, y es aquí donde nos encontramos con la creación libre y colectiva como “clave de un nuevo desarrollo de las habilidades humanas y de los intercambios sociales, de una revolución similar a la que representó para la humanidad el nacimiento de la lectura y la escritura” (revista Novatica, Aigrain y Barahona, 2003:3).

Procomún es un término que por sus connotaciones políticas y su background histórico se ajusta más que el concepto de dominio o uso público al acontecimiento Invisible, además de conectar más directamente con el copyleft , creative commons, free cultural works,… tan conocidos por todos.

Este enfoque combate el cercamiento de la ley de propiedad intelectual y patentes, y podría dar paso a una especie de patrimonio etnológico, lo que no supone inexorablemente institucionalizarse, sino el “reconocimiento” de formas de vida, cultura, actividades y modos de producción vinculados a un espacio público determinado, en nuestro caso, La Casa Invisible.

Con independencia de profundizar más en esta línea de trabajo, propondría como inicio de este proceso la elaboración de una Carta de Ciudadan*s Invisibles de carácter abierto, donde se expusiera en palabras de Bollier que “el léxico del procomún va más allá del lenguaje del mercado, para el que todos tenemos que ser o productores o consumidores. Y también más allá del lenguaje de la propiedad, para el que todo tiene que ser propiedad de alguna empresa o alguna persona”.

Este proceso quizás no atienda a la inmediatez de la necesidad institucional de definirnos jurídicamente, pero sus inicios pueden dilatar esta “fingida” necesidad. Paralelamente no le veo objeción estratégica alguna a buscar fórmulas jurídicas del tipo asociaciones, federaciones, cooperativas, sociales civiles universales, etc…, en la convicción de que en la mente de tod*s está su utilidad práctica y no su uso político excluyente. Siempre, eso sí, que la Administración defina la finalidad de esta petición y sea aceptada por todas.